Resumen: El acuerdo de Pleno no jurisdiccional de esta misma Sala, con fecha 27 de abril de 2011, proclamó que la declaración de nulidad de un acto procesal no priva a éste de los efectos interruptivos de la prescripción. Ello es lógico, por cuanto que el fundamento de la prescripción tiene mucho que ver con la inactividad de los poderes públicos que, por una u otra razón, ralentizan de forma injustificada la investigación y persecución de los hechos constitutivos de delito. El acuerdo plenario se acomoda a lo que ha sido la doctrina casi constante mantenida por el Tribunal Supremo. Tal tesis encuentra su fundamento en el sentido de las expresiones usadas por el Código Penal cuando regula la producción de prescripción por paralización del procedimiento y la interrupción de esa prescripción en curso. En efecto el Código Penal establece que el tiempo de prescripción comenzará a correr de nuevo -tras ser interrumpida por la iniciación del procedimiento- cuando éste se paralice. No se corresponde con el sentido de las palabras equiparar actuación nula del procedimiento con paralización del procedimiento. Anular una resolución puede implicar el decaimiento de los efectos establecidos por lo decidido, pero no implica privarle de todos los efectos derivados de su existencia. La consecuencia interruptora de la prescripción, inherente a la existencia de un acto del procedimiento, es ajena a su validez y, por ello, aquella consecuencia subsiste si se declara su nulidad.
Resumen: Se resuelve una cuestión negativa de competencia suscitada entre las Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco y del TSJ de Madrid en relación con una resolución del Secretario General de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, desestimatoria de la petición de abono de las cantidades dejadas de percibir en concepto de indemnización por residencia eventual durante el tiempo en el que el recurrente estuvo realizando un módulo de formación en prácticas. En este caso, el recurrente ha optado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco acogiéndose al fuero del domicilio, pero limitándose a indicar un domicilio a efectos de notificaciones en Bilbao, sin acreditar ni siquiera alegar que dicho domicilio, entendido como residencia habitual, se encuentra en la circunscripción de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del referido TSJ del País Vasco. En consecuencia, el Alto Tribunal considera que no se ha ejercitado correctamente la opción del forum domicilii del demandante, por lo que la discutida competencia territorial corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, en cuya circunscripción tiene su sede el órgano que ha dictado el acto impugnado.
Resumen: Una jurisprudencia consolidada y uniforma establece que se admite el recurso de casación contra los autos de las Audiencias en que declinan la competencia para enjuiciamiento en favor de los Juzgados de lo Penal. La competencia objetiva para conocer de un determinado proceso, se concreta en el acta de acusación ya del Ministerio Fiscal, de la Acusación Particular o Popular, en igualdad de condiciones pues ya se sabe que en nuestro sistema procesal penal, el Ministerio Fiscal no tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, antes bien, este ejercicio está compartido por las acusaciones particular y popular, y en tal caso, ha de estarse a la más grave de las acusaciones para determinar la competencia del órgano para enjuiciamiento, es decir, hay que atender a la pena imponible en abstracto, y por tanto con los subtipos agravados a que se refiera la más grave de las acusaciones. Ello impide que la Audiencia Provincial concernida en un juicio que sólo es propio en el Plenario, pueda adelantar unas consideraciones a priori para rechazar su competencia, y por tanto, con independencia que en el momento de elevar a definitivas las conclusiones, con posterioridad al Plenario, se mantengan tales subtipos agravados, y con independencia que en la sentencia no fuesen aceptados. Además una vez abierto el juicio oral no puede modificarse la competencia y hay que aplicar la doctrina de la perpetuatio iurisdiccionis.
Resumen: La Sala, en la cuestión negativa de competencia planteada entre un TSJ y un Juzgado Central para conocer del recurso contencioso-administrativo promovido por un funcionario de la Dirección Provincial de Tráfico contra la nómina mensual, acuerda atribuir dicha competencia al TSJ, ya que, atendido el Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio del Interior, corresponde a la Dirección General de Tráfico la gestión del personal, sus retribuciones, la acción social, la formación y la prevención de riesgos laborales, siendo dicha Dirección General un órgano de la Administración General del Estado con competencia en todo el territorio nacional y con nivel orgánico inferior al de Ministro o Secretario de Estado, en un asunto relativo a materia de personal que es claro que no afecta al nacimiento o a la extinción de relación de servicio alguna.
Resumen: El TS resuelve una cuestión negativa de competencia entre el TSJ de Castilla-La Mancha y un Juzgado Central para conocer de un recurso interpuesto por un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en relación con la desestimación por parte del Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales de la TGSS del recurso de alzada interpuesto contra las nóminas de los meses de junio y siguientes de 2010. El TS precisa que la actuación administrativa impugnada son las nóminas y el acto administrativo de aprobación y compromiso de gasto salarial compete al Director General de la TGSS. Habiendo sido dictada la actuación administrativa recurrida por un órgano de la Administración General del Estado cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico es inferior al de Ministro o Secretario de Estado, en un asunto relativo a materia de personal que no afecta al nacimiento o a la extinción de relación de servicio alguna, la competencia para conocer del recurso interpuesto viene atribuida, conforme al art. 10.1.i) de la LJCA, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia; en este caso, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que fue por la que optó la parte recurrente en virtud del art. 14.1 LJCA.
Resumen: El TS resuelve una cuestión negativa de competencia entre el TSJ de Castilla-La Mancha y un Juzgado Central para conocer de un recurso interpuesto por una funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en relación con la desestimación por parte del Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales de la TGSS del recurso de alzada interpuesto contra las nóminas de los meses de junio y siguiente de 2010. El TS precisa que la actuación administrativa impugnada son las nóminas y el acto administrativo de aprobación y compromiso de gasto salarial compete al Director General de la TGSS. Habiendo sido dictada la actuación administrativa recurrida por un órgano de la Administración General del Estado cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico es inferior al de Ministro o Secretario de Estado, en un asunto relativo a materia de personal que no afecta al nacimiento o a la extinción de relación de servicio alguna, la competencia para conocer del recurso interpuesto viene atribuida, conforme al art. 10.1.i) de la LJCA, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia; en este caso, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que fue por la que optó la parte recurrente en virtud del art. 14.1 LJCA.
Resumen: El TS resuelve una cuestión negativa de competencia suscitada entre el TSJ de Madrid y un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo en relación con la impugnación de las nóminas del mes de junio de 2010 y siguientes por parte de un funcionario del Cuerpo de la Guardia Civil. Teniendo en cuenta que el acto impugnado procede de un órgano central de la Administración General del Estado -el Director General de la Policía y de la Guardia Civil- en materia de personal, que no se refiere al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, es competente el TSJ de Madrid, que es el foro por el que optó el recurrente.
Resumen: El TS resuelve una cuestión negativa de competencia planteada entre un TSJ y un Juzgado Central para conocer del recurso contencioso-administrativo promovido por un Magistrado contra la nómina mensual de junio de 2010, acordando atribuir dicha competencia al TSJ, ya que, atendido al Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio de Justicia, la autorización de la nómina en la que se acreditan las retribuciones devengadas por los miembros de la carrera judicial le corresponde al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, que es un órgano de la Administración General del Estado con competencia en todo el territorio nacional y con nivel orgánico inferior al de Ministro o Secretario de Estado, en un asunto relativo a materia de personal que no afecta al nacimiento o a la extinción de relación de servicio alguna. La competencia territorial se asigna al TSJ de Asturias, por lo que optó el recurrente.
Resumen: El acto recurrido es la desestimación por parte del Director Provincial de Ciudad Real del Instituto Nacional de la Seguridad Social -por delegación del Director General- de los recursos de reposición interpuestos contra las nóminas de los meses de enero, febrero y marzo de 2011. Por tanto, dictado el acto por un órgano directivo central de la Tesorería General de la Seguridad Social, en un asunto relativo a materia de personal, materia que está atribuida al conocimiento de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en una interpretación concordante del artículo 9.c) "in fine" y del artículo 10.1.i) de la Ley Jurisdiccional -que contempla las materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa-, reforzada por la prevalencia que el artículo 13.c) otorga a la atribución de competencia por razón de la materia sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto, la Sala resuelve que la competencia para conocer del recurso interpuesto viene atribuida, ex artículo 10.1.m) de la LJCA, a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en éste caso, Castilla La Mancha por la que optó el recurrente.
Resumen: RCO. Falta de competencia territorial de la Audiencia Nacional. Se examina demanda sobre vulneración de derechos fundamentales de huelga y libertad sindical frente a RENFE Operadora. La sentencia de instancia dictada por la AN declara su falta de competencia territorial dado que la convocatoria de huelga era para los trabajadores del colectivo comercial, personal de maniobras adscritos al CTT de Fuencarral de la empresa RENFE Operadora, por lo que es claro que el ámbito territorial de la huelga no sobrepasa la Comunidad Autónoma de Madrid y se circunscribe al centro de trabajo de Fuencarral, por lo que declara la competencia de los Juzgados de lo Social de Madrid. La Sala IV del TS confirma dicho pronunciamiento y desestima el recurso de casación ordinario interpuesto declarando que no cabe extender un litigio colectivo basándose en una potencial afectación distinta de la señalada en demanda o en puras conjeturas o hipótesis de futuro. Y añade, que es indiferente -como refiere la sentencia recurrida- "que los componentes del comité de huelga, liberados sindicales adscritos a diferentes centros de trabajo de la empresa, ostenten una representatividad inicialmente nacional... porque la reducción salarial se produce como componentes del comité de huelga, de la huelga concreta convocada para el centro de trabajo de Madrid y es a los trabajadores de este centro a los que representan...".
